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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La publicación del protocolo de actuación ante situaciones de maltrato entre iguales
en los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha en enero de
2006, supuso el inicio formal en nuestra Comunidad Autónoma de una serie de
actuaciones dirigidas a impulsar y mejorar la convivencia escolar en el conjunto de
nuestros centros educativos.
El Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla-La Mancha,
amparado en lo establecido en La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
modificada por la ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece el marco general
por el que los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios, en
el ejercicio de su autonomía pedagógica y organizativa han de regular la convivencia
escolar, y definir un conjunto de actuaciones y medidas para su promoción y mejora.
En estos últimos diez años, el citado protocolo ha servido para dar respuesta a
determinadas situaciones que alteraban la convivencia en los centros; pero
actualmente han surgido nuevas formas de acoso derivadas del uso de las redes
sociales y una sensibilidad por parte de la sociedad hacia las distintas formas de
discriminación, maltrato y acoso, que hacen necesaria la revisión del protocolo para
actualizarlo y mejorarlo.
El acoso escolar requiere una actuación inmediata y decidida por parte de la
Comunidad Educativa en su conjunto. Una actuación que no ha de afectar solo al
alumnado acosado, sino también al acosador, sin olvidarse de las personas que
observan el hecho. Es por ello que la aplicación del nuevo protocolo permitirá a los
centros establecer actuaciones de sensibilización, prevención, detección, intervención
y, si fuera necesario, derivación a otras instancias.
El éxito de la aplicación del protocolo parte del establecimiento de medias de
sensibilización y prevención del acoso escolar, haciendo partícipe a toda la Comunidad
educativa de la mejora de la convivencia en el centro.
Esta guía ha tenido en cuenta las aportaciones realizadas por el Observatorio de la
Convivencia Escolar de Castilla-La Mancha y pretende servir de herramienta para
facilitar la difusión y aplicación de la Resolución 18 de Enero de 2017, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda dar publicidad
al protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los centros
docentes públicos no universitarios de Castilla La Mancha
DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA
La guía se inicia con la descripción de acoso escolar y sus diferentes tipos y establece
los principios básicos de actuación que deben de regir las actuaciones a realizar desde
los centros educativos.
En la primera parte de la presente guía se establece el proceso de intervención ante un
posible caso de acoso escolar, describiendo el procedimiento para la adopción de
medidas inmediatas y el posterior proceso de elaboración de un plan de actuación que
recogerá las actuaciones a realizar desde el centro educativo, incluyendo el
seguimiento y la evaluación de las mismas así como la posible derivación a otras
instancias, servicios o instituciones en los casos que sea necesario.
En la segunda parte de la guía se describen las medidas preventivas que tanto desde al
ámbito institucional como desde los propios centros está contemplado desarrollar,
incluyendo en estas últimas a todos los sectores de la comunidad educativa.
La tercera parte recoge los modelos de documentos elaborados con el asesoramiento
y colaboración del Pleno y Comisión Permanente del Observatorio Regional de la
Convivencia Escolar de Castilla-La Mancha y que pretenden garantizar el adecuado
desarrollo de estas medidas y la unificación de criterios y procedimientos a través de
documentos de trabajo sencillos y concretos.
En la última parte, como documentos de apoyo, se incluye información dirigida a
facilitar el proceso de identificación de posibles situaciones de acoso escolar así como
también una breve referencia a la legislación relacionada con el ámbito de los y las
menores, enlaces a recursos y materiales de carácter institucional y posibles
direcciones de interés para el conjunto de la comunidad educativa.
CONCEPTO DE ACOSO ESCOLAR Y PRINCIPIOS DE
ACTUACIÓN
DESCRIPCIÓN DE ACOSO ESCOLAR
Se entiende por acoso escolar la situación en la que alumnos o alumnas,
individualmente o en grupo, están expuestos, de forma repetida y prolongada en el
tiempo, a través de diferentes formas de hostigamiento intencionado por parte de
otros alumnos o alumnas; de manera que el alumnado acosado está en situación de
inferioridad respecto al alumnado acosador. Dicho acoso escolar produce un
desequilibrio en el alumnado acosado que le impide salir por sí mismo de la situación.
Existen diferentes formas de hostigamiento que pueden ser causa de acoso escolar
AGRESIONES FÍSICAS
- Directas (Empujones, zancadillas,
bofetones, puñetazos, patadas)
- Indirectas (Romper, sustraer,
esconder objetos, materiales
personales...)
AGRESIONES VERBALES
Y GESTUALES
Que busquen ofender
al alumnado acosado
AGRESIONES FÍSICAS
Buscan desequilibrar
emocionalmente al alumnado
acosado sin mediar agresión física
ni verbal: exclusión, aislamiento,
chantaje, calumnias
ACOSO SEXUAL
Conductas de carácter sexual
dirigidas al alumno acosador sin su
consentimiento
AGRESIONES
DISCRIMINATORIAS
- Por razón de origen étnico,
cultural, religión, opinión…
- Por condición de género,
orientación y/o identidad sexual…
CIBERACOSO
Hostigamiento, humillación,
violación de la intimidad por medio
de uso de tecnologías de la
comunicación
El acoso suele tener un componente colectivo o grupal, por lo que es necesario
contemplar la existencia de diversos agentes implicados en una posible situación de
acoso escolar:
- a) Alumnado acosado
- b) Alumnado acosador
- c) Personas observadoras
- d) Personas que ponen en conocimiento la situación
INDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una
situación que pudiera derivar en acoso escolar tiene el compromiso ciudadano de
ponerla en conocimiento del equipo directivo.
Para ello el centro debe establecer dentro de sus normas de convivencia, organización
y funcionamiento, canales de comunicación directa con el equipo directivo.
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
El centro educativo deberá garantizar siempre y en todo lugar los siguientes
principios:
- a) Protección: asegurar la integridad física y seguridad personal de la posible
víctima.
- b) Intervención eficaz pero no precipitada: la respuesta educativa contemplará
tanto medidas reparadoras como disciplinarias, si procede.
- c) Discreción y confidencialidad: la dirección del centro garantizará que
exclusivamente tengan conocimiento de la información relevante las personas
y profesionales estrictamente necesarios para la correcta aplicación del
presente protocolo.
- d) Intervención global: la intervención educativa se extenderá a todo el
alumnado y agentes implicados.
- e) Prudencia, empatía y sensibilidad: las intervenciones tendrán en cuenta que
este problema genera mucho sufrimiento, tanto en las familias como en el
alumnado acosado.
- f) Responsabilidad compartida: entendida como el compromiso, la implicación
y la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa en
la creación de un clima de convivencia escolar adecuado.
1ª PARTE. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ACOSO ESCOLAR
Conocidos los hechos que indiquen un indicio razonable de acoso escolar, el
responsable de la Dirección del centro educativo constituirá una Comisión de acoso
ascolar lo antes posible, nunca más tarde de 48 horas.
La Comisión de acoso escolar tendrá un funcionamiento independiente de la Comisión
de Convivencia del Consejo escolar y estará integrada por:
- Un miembro del equipo directivo.
- La orientadora o el orientador educativo del centro.
- Un miembro del equipo docente del centro.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS INMEDIATAS
El responsable de la dirección del centro, a propuesta de la Comisión de acoso escolar,
adoptará las medidas inmediatas necesarias para proteger al alumnado implicado,
informando a las familias afectadas. Entre estas medidas se incluirán:
- Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumnado acosado:
- Incremento de las medidas de observación de las zonas de riesgo
- Acompañamiento y atención al alumnado
- Medidas cautelares dirigidas al alumnado acosador:
- Restricción del uso de determinados espacios y recursos del centro.
- Incremento de las medidas de vigilancia
- Medidas dirigidas a trabajar con el resto de alumnado para esclarecer los
hechos, que se realizarán desde un enfoque de no inculpación
INFORMACIÓN A LA INSPECCIÓN EDUCATIVA
Inmediatamente, la directora o el director del centro educativo, informará vía
telefónica y por escrito a la inspectora o el inspector de educación de referencia del
centro, en adelante Inspección educativa, de los hechos acontecidos, de la
constitución de la Comisión de acoso escolar y de las medidas inmediatas adoptadas
por el centro.
COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS IMPLICADAS
En un plazo máximo de 24 horas desde la constitución de la Comisión de acoso
escolar, el responsable de la dirección del centro, informará a las familias o tutores
legales del alumnado implicado, garantizando la confidencialidad y poniendo de
manifiesto la provisionalidad de las conclusiones, así como de las medidas inmediatas
adoptadas por el centro, levantado acta de las entrevistas mantenidas.
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACTUACIÓN
A propuesta de la Comisión de acoso escolar, la persona responsable de la dirección,
elaborará y aplicará un Plan de actuación del que informará a la Comisión de
Convivencia del Consejo escolar y a la Inspección educativa.
ESTE PLAN TENDRÁ LA SIGUIENTE ESTRUCTURA
I.- Recogida y análisis de información.
La Comisión de acoso escolar constituida para cada caso concreto recabará
información de todos los posibles agentes implicados.
En las entrevistas a realizar participarán los miembros de la Comisión de acoso
escolar necesarios en función de la gravedad y circunstancias de los hechos a
analizar, garantizando el anonimato de los menores implicados.
De las entrevistas realizadas, los miembros de la Comisión de acoso escolar
levantarán el acta correspondiente.
La Comisión analizará y contrastará la información recibida teniendo en cuenta
la correcta aplicación de las normas de privacidad y protección de datos,
garantizando en todo momento la custodia y protección de la información
documental obtenida.
Del análisis de la información recogida se establecerá la existencia o no de una
situación de acoso escolar, así como el tipo y gravedad de los hechos y sus
posibles consecuencias, procediendo a la aplicación de cuantas medidas se
considere necesarias.
II.- Medidas
El Plan de actuación incluirá medidas que garanticen un tratamiento
individualizado del alumnado implicado, sin perjuicio de las medidas de carácter
disciplinario que, de acuerdo al procedimiento establecido en la normativa
vigente, se apliquen. Estas medidas deben ir dirigidas a los diferentes agentes
implicados
AGENTES IMPLICADOS
ALUMNO ACOSADO
- Apoyo y protección expresa o indirecta
- Atención y apoyo social
- Tutoría individualizada
- Derivación y seguimiento a otros servicio
ALUMNO ACOSADOR
- Aplicación medidas NCOF
- Medidas reeducadoras
- Derivación y seguimiento a otros servicios
COMUNICANTE
- Reconocimiento de su actuación
- Garantía de anonimato
ALUMNO OBSERVADOR
- Sensibilización
- Programas de habilidades sociales, círculo de amigos…
- Aplicación de medidas con el alumnado observador
- Derivación y seguimiento a otros servicios
FAMILIAS
- Orientación familiar
- Información, compromisos, coordinación con servicios
socioeducativos
PROFESIONALES
- Orientaciones para manejo de clases durante el proceso
- Orientaciones para detección e intervención
- Pautas para la mejora de la gestión de la convivencia
Cuando la excepcionalidad de las medidas a adoptar lo requiera, la dirección del
centro podrá solicitar asesoramiento a la Inspección de Educación.
III.- Conclusiones
El Plan de Actuación será remitido a la Inspección Educativa en un plazo no
superior a 30 días lectivos desde la constitución de la Comisión de acoso escolar,
especificando:
- 1. Valoración del tipo y gravedad de los hechos analizados.
- 2. Medidas adoptadas:
- a) Medidas de protección adoptadas para el alumnado acosado.
- b) Medidas sancionadoras, correctoras y reeducadoras adoptadas con el
alumnado acosador
- c) Medidas adoptadas y/o actuaciones con el alumnado observador.
- d) Medidas adoptadas y/o actuaciones realizadas con las familias y los
profesionales implicados.
- 3. Servicios, entidades y/o instituciones a las que se deriva el caso, si
procediera.
4. Procedimientos para realizar el seguimiento de las medidas adoptadas,
especificación las actuaciones a realizar con las diferentes personas o
grupos implicados en el desarrollo del proceso.
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y DERIVACIÓN A OTRAS INSTANCIAS
Desde el centro educativo se informará nuevamente a las familias de las actuaciones o
medidas adoptadas.
Cuando una de las medidas a adoptar sea la derivación a alguno de los agentes
implicados a algún servicio o unidad de intervención de las Consejerías competentes
en materia de protección de menores y/o sanidad se informará a la familia del
procedimiento para iniciar la intervención.
La Inspección de Educación, de acuerdo con la información facilitada por la Dirección
del centro, evaluará el caso y propondrá a la Directora o al Director Provincial de
Educación, Cultura y Deportes correspondiente el traslado de los hechos a la Fiscalía
de Menores cuando la gravedad de los mismos así lo requiera.
A las familias del alumnado agresor se les informará expresamente de las
consecuencias que pueden derivarse, tanto para ellas como para sus hijas e hijos, de
la reiteración de conductas constitutivas de acoso escolar.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN
La directora o el director del centro evaluará la eficacia de las medidas llevadas a cabo
e informará oportunamente de los resultados de dicha evaluación a las familias
implicadas y a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del centro.
La Dirección del centro es la competente para la adopción de las medidas, y se
responsabilizará de informar periódicamente a la Inspección educativa y al Consejo
escolar del grado de cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del
alumnado implicado
2ª PARTE. MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENIR EL ACOSO
ESCOLAR
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con el apoyo y colaboración del conjunto
de instituciones de nuestra Comunidad Autónoma, asume la responsabilidad de promover
actuaciones dirigidas a prevenir la aparición de situaciones de acoso escolar, y para ello,
adquiere el compromiso de facilitar, promover y articular los recursos necesarios para
garantizar el desarrollo de cuantas actuaciones sean necesarias en los centros educativos.
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL DESDE EL ÁMBITO INSTITUCIONAL
- 1. Difusión de campañas enfocadas al rechazo de conductas de acoso.
- 2. Elaboración de una guía de recursos educativos para sensibilizar y concienciar contra los
diferentes tipos de maltrato en la escuela para profesorado y familias.
- 3. Decálogo del buen uso de las tecnologías de la comunicación y redes sociales para
adolescentes.
- 4. Convocatoria de Premios a Proyectos de Innovación sobre prevención del acoso
escolar, para su posterior difusión en el resto de centros.
- 5. Formación del profesorado y de todos los integrantes de la Comunidad Educativa.
- 6. Desarrollo de un manual de intervención con una definición clara de las funciones del
docente y del Equipo directivo ante una situación de acoso escolar.
- 7. El impulso del aprendizaje cooperativo y de las buenas prácticas relacionadas con la
mejora de la convivencia en los centros como son las Comunidades de aprendizaje y los
centros sujetos al programa MUS-E.
- 8. Creación de una Unidad de convivencia a nivel regional junto a la de atención al
profesorado.
- 9. Puesta en marcha de actuaciones en colaboración con la Consejería de Bienestar Social:
línea de atención a la infancia y adolescencia, programas de atención especializada a
menores y familias y desarrollo de campañas regionales.
MEDIDAS PREVENTIVAS A NIVEL DE CENTRO
1-. ACTUACIONES PREVENTIVAS
Los centros educativos incluirán en sus correspondientes documentos las actuaciones a
realizar para prevenir y detectar las posibles situaciones de riesgo de aparición de acoso
escolar. En este sentido, dentro de estas actuaciones podrán ser incluidas las siguientes:
- a) Desarrollo de medidas dirigidas a potenciar la puesta en marcha de programas de
mediación, ayuda entre iguales y resolución positiva de conflictos.
- b) Planificación y coordinación de actuaciones para la prevención y detección de
situaciones de riesgo del acoso escolar, desde la tutoría y áreas o materias del
currículo.
- c) Diseño de un plan de actividades, para aplicar durante el tiempo del recreo, para
favorecer la mejora de la convivencia.
- d) Organización de actividades colectivas de dinámicas de cohesión de grupo.
- e) Fomento de la realización de actividades que potencien en el conjunto de la
comunidad educativa el sentimiento de pertenencia al centro escolar: excursiones
tutoriales, actividades culturales y deportivas, jornadas de convivencia, etc.
- f) Desarrollo de campañas de sensibilización, a través de la tutoría, incluyendo la
participación de determinadas instituciones y entidades.
- g) Difusión de los derechos y deberes del alumnado, en los términos que recoge la
legislación vigente en materia de menores.
2-. GESTIÓN Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR.
- a) Los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía, podrán asignar al
profesorado del centro funciones de apoyo a la convivencia. Entre las funciones a
desempeñar por este profesorado se podrán incluir:
- Canalizar y colaborar en la planificación y desarrollo de las actuaciones de
sensibilización en materia de convivencia y prevención de acoso escolar.
- Participar en la realización de tareas de análisis y mejora del clima de
convivencia.
- Intervenir y colaborar como miembros de la Comisión de acoso escolar en los
casos que la dirección del centro determine.
- Realizar actuaciones de tutoría individualizada.
- Formular propuestas de formación en materia de convivencia para incluir en
el plan de formación del centro.
Las actuaciones a desarrollar por el profesorado con estas funciones serán
coordinadas por Jefatura de estudios, con el asesoramiento del responsable de
orientación educativa del centro.
- b) Comisión de Convivencia del Consejo Escolar: tiene la responsabilidad de canalizar
las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para fomentar la
mejora de la convivencia. Al finalizar el curso escolar, esta comisión elaborará un
informe, que será incluido en la Memoria anual del Centro, en el que se recoja el
análisis y seguimiento de las actuaciones realizadas en materia de prevención,
detección e intervención en situaciones de acoso escolar durante el curso escolar.
3-. APOYO Y COLABORACIÓN DE OTROS PROFESIONALES, ENTIDADES O
INSTITUCIONES
Los centros educativos podrán contar con la colaboración de otros agentes para el
adecuado desarrollo del plan de convivencia.
4-. FORMACIÓN DEL PROFESORADO RELACIONADA CON LA CONVIVENCIA Y EL
ACOSO ESCOLAR
Los centros educativos incluirán dentro de sus respectivos planes de formación actuaciones
dirigidas a dotar al profesorado de recursos y herramientas para gestionar y promover de
forma adecuada la convivencia en las aulas.
Entre estas actuaciones formativas se podrán incluir:
- c) Orientaciones para manejar las clases durante todo el proceso y cómo hacer el
seguimiento de las actuaciones derivadas de la aplicación del protocolo de acoso
escolar.
- d) Orientación sobre indicadores para la detección e intervención en situaciones de
acoso escolar.
- e) Orientaciones sobre el desarrollo de habilidades socio-emocionales en el contexto
del aula.
f) Pautas sobre el manejo de situaciones que alteren la convivencia.
- g) Pautas para mejorar la convivencia dentro del aula desde un enfoque positivo y
proactivo.
- h) Recursos para incorporar a su práctica docente la prevención del acoso escolar.
C.- SERVICIOS, ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES A LAS QUE SE DERIVA EL CASO
La frecuencia e intensidad de las conductas descritas hace que se considere necesario:
- Derivar a XXXXXXX y/o a su familia a otras instituciones o asociaciones con objeto de
recibir una atención especializada: EQUIPO DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA
TU- CUENTAS; USMIJ; SERVICIOS SOCIALES…
- Solicitar al Servicio de Inspección el cambio de centro para XXXX
- Solicitar a la Dirección Provincial la derivación del caso a la Fiscalía de Menores (para
alumnado con más de 14 años)
- Solicitar a la Dirección Provincial la derivación del caso a la Consejería competente
en materia de protección de menores (para alumnado menor de 14 años)
- No se considera necesario derivar a ningún servicio o entidad el caso.
4ª PARTE. DOCUMENTOS DE APOYO
I-. INDICADORES PARA IDENTIFICAR COMPORTAMIENTOS SUSCEPTIBLES DE SER
CONSIDERADOS ACOSO ESCOLAR
BLOQUEO SOCIAL O EXCLUSIÓN SOCIAL
Comportamientos relacionados con: prohibiciones de jugar con un grupo, de hablar o
comunicar con otros, de que nadie hable o se relaciones con él o ella; meterse con la víctima
para hacerle llorar para mostrarle como alguien débil, indefenso, estúpido, etc.;
ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su participación en juegos o
actividades.
Sentimiento por parte de la víctima de que nadie le habla o nadie quiere estar con él o ella,
que los demás le excluyen sistemáticamente de los juegos o actividades
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO PSICOLÓGICO
Manifestaciones de desprecio, falta de respeto y de consideración con la dignidad del
menor: desprecio, odio, ridiculización, burla, menosprecio, motes, crueldad, manifestación
gestual de desprecio o imitación burlesca.
MANIPULACIÓN POR DISTORSIÓN DE LA IMAGEN SOCIAL DE LA VÍCTIMA
Presentar una imagen negativa de la víctima poniendo en el punto de mira todo lo que hace
o dice utilizándolo para inducir el rechazo de otros.
COACCIONES
Conductas que pretenden ejercer dominio y sometimiento de la voluntad de la víctima,
provocando que realice acciones contra su voluntad
INTIMIDACIÓN, CHANTAJE Y AMENAZAS
Conductas que persiguen provocar miedo, obtener algún objeto o dinero u obligar a la
víctima a hacer algo que no quiere hacer, amilanando, amedrentando mediante acciones de
intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro
escolar; etc.
AMENAZAS
Conductas que buscan atemorizar mediante las amenazas contra la integridad física del
menor o de su familia, o mediante la extorsión
AGRESIONES
Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones…) o indirectas (pequeños
hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones…).
Agresiones verbales: directas (insultos a la víctima y/o su familia, ofender poniendo en
evidencia características distintivas de la víctima, menospreciar en público) o indirectas
(hablar mal de alguien, sembrar rumores y mentiras).
CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS
Discriminación por motivos de género, raza, identidad sexual, orientación sexual, capacidad
u otras características diferenciales del ser humano: usar motes racistas, sexistas,
homófobos, tránsfobos o frases estereotipadas despectivas.
ACOSO SEXUAL
Alusiones o agresiones verbales obscenas, tocamientos o agresiones físicas.
II-. REFERENTES LEGISLATIVOS
NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE MENORES
- Constitución Española de 1978
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Ley Orgánica 5/2000, 13 de noviembre, de Responsabilidad Penal del Menor
- Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la
Adolescencia en Castilla – La Mancha
DERECHOS Y DEBERES DE LOS Y LAS MENORES
En el tema que ocupa, es imprescindible hacer referencia a derechos fundamentales
reconocidos en nuestra Constitución como son el derecho a la vida y a la integridad física y
moral, el derecho al honor a la intimidad y a la propia imagen, así como a los derechos de
libertad de pensamiento, conciencia y religión y de expresión.
Derechos todos ellos en su
conjunto, o considerados individualmente, que cuentan con una especial protección a través
de un procedimiento regulado en el artículo 53.2 de la norma constitucional.
La Ley 5/2014,
de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia en Castilla –
La Mancha hace mención expresa de los mismos, estableciendo en el artículo 3 cómo
criterio de actuación administrativa la inclusión en las políticas de atención y protección a la
infancia y la adolescencia las actuaciones necesarias para hacer efectivos sus derechos.
El Capítulo II de la legislación autonómica, denominado Deberes y responsabilidades de los
menores, aparte de las obligaciones que la legislación civil impone a los menores de edad,
hace referencia a deberes de ciudadanía que los menores de edad deben observar y respetar
en sus relaciones entre ellos, con otras personas, con la familia y con las instituciones.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS Y LAS MENORES
- a) Hasta los 14 años, los menores son inimputables penalmente (La Ley Orgánica
5/2000, 13 de noviembre, de Responsabilidad Penal del Menor, en su artículo 3 establece que “no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino
que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas
en el Código Civil y demás disposiciones vigentes”).
- b) De 14 a 18 años les rige la Ley Orgánica 5/2000, 13 de noviembre, de Responsabilidad
Penal del Menor, que, en su artículo 1 determina que: “Esta Ley se aplicará para exigir
la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por
la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes
penales especiales”.
- c) En el caso de menores infractores, la Consejería de Bienestar Social a través de la
Dirección General de las Familias y Menores tiene atribuida la competencia en
materia de ejecución de las medidas previstas en la legislación estatal vigente
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, supervisando el
cumplimiento de las medidas impuestas por el órgano judicial, por sí misma o a
través de Entidades públicas o privadas.
- d) Los criterios específicos de actuación administrativa en materia de ejecución de
medidas judiciales se regulan en el Título VI Capítulo I de la Ley 5/2014 y persiguen la
reinserción social cómo objetivo fundamental en las intervenciones, además de las
actuaciones preventivas cómo eje fundamental de actuación, y las intervenciones
tendentes a lograr la conciliación y la reparación entre el menor y la víctima, en los
términos que establece la legislación vigente, mediante la asistencia en las funciones
de mediación y de supervisión de las tareas socioeducativas y de reparación a la
víctima en su caso.
DEBER DE COMUNICAR
- a) En principio, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en su artículo 13, establece la obligatoriedad de todos los ciudadanos de comunicar una situación posible de malos tratos a una persona menor de edad:
- “Toda persona o
autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función, detecten una
situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o
sus agentes más próximos….”;
- y el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
establece que “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de
algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio
Fiscal, al Tribunal Competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al
funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante” (con
carácter general, el Artículo 259 de la misma Ley establece la obligación de
denunciar al que presenciare la perpetración de cualquier delito público).
- b) Por otra parte, en el caso de no denunciar un delito un menor que entrara en el
ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000 citada (es decir, entre los 14 y 18
años), tendría la obligación impuesta en el artículo 450 del vigente Código Penal: “
- 1. El
que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no
impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o
salud, libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de seis meses a
dos años si el delito fuera contra la vida, y la de multa de seis a veinticuatro meses en
los demás casos, salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o menor pena,
en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquél.
- 2. En las mismas
penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para
que impidan un delito de los previstos en el apartado anterior y de cuya próxima o
actual comisión tenga noticia.”
